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Decisiones 9

Vol. 2, N

o

4, 2017

moneda, de las formas de organización voluntaria entre

personas que dan lugar a la mayor parte de las formas

contractuales hoy existentes. Claro que lo anterior no

significa, ni que se debe actuar de modo imprudente, ni

que

no

se deba buscar mejorar las instituciones. Pero si

indica, a mi modo de ver, que se debe ser cuidadosos ante

la tentación de rediseños globales de la institucionalidad.

Claro que esta convicción afecta mi apreciación de convocar

a una Asamblea Constituyente.

2. Los objetivos

Una constitución política moderna contiene dos tipos de

normas; las que determinan los valores fundamentales que

han de guiar a una sociedad, en la cual se consolidan las

ideas sobre libertad, justicia, solidaridad, ecología; sobre

la concepción de los derechos personales y sociales, así

como, las garantías para su cumplimiento y defensa. Las

otras se refieren a la forma de organizar el funcionamiento

del estado. ¿Qué se quiere cambiar? Acaso, ¿El objetivo es

modificar la constitución para hacer cambios en valores,

derechos y garantías?

Hasta ahora, no he oído ninguna posición que defienda esa

postura. Y es lógico que así sea; pues creo que el deseo

de cambiar nuestro aprecio por la libertad, la justicia,

la seguridad y las relaciones de personas y naturaleza,

representaría a una pequeña minoría en nuestro país. Sin

embargo, puede ser que ese sea el objetivo de algunos

intereses. ¿Cuál cambio? ¿Variar constitucionalmente

algunos temas de política social como el respeto a la vida

desde su gestación? O bien, ¿ir más allá de lo que permite

nuestra carta magna acerca de los derechos fundamentales

a la libertad, a la libre contratación, o a la propiedad?

Si esos son losobjetivos, deberíanser conclaridadexpuestos

para que los ciudadanos y las ciudadanas sepan a lo que

se exponen convocando una Asamblea Constituyente. Si

de eso no se trata, entonces el objetivo de su convocatoria

sería cambiar las normas que regulan la conformación de

nuestra organización gubernamental. En este campo desde

los años ochenta, cuando su existencia no era común en

las constituciones, he promovido introducir un capítulo de

Garantías Económicas para someter a normas las políticas

económicas, con el afán de evitar los desequilibrios fiscales,

las acciones monetarias que erosionan el poder adquisitivo

de los salarios y los precios abusivos o insuficientes de los

servicios públicos. Pero nunca se logró forjar un acuerdo

suficiente con esa finalidad, y talvez con razón, pues la

amplitud que se pretendía pudo haber sido un freno

para políticas preferidas por algunos grupos del espectro

ideológico. En lo concerniente a este campo las reglas que

se requieren son normas claras que incluyan garantías para

su cumplimiento, a fin de evitar tanto déficits en cuenta

corriente, así como el crecimiento desproporcionado de la

deuda pública.

Desde los años ochenta he venido proponiendo diversas

y profundas reformas parciales a la Constitución Política

para introducir cambios en la forma de elegir los diputados

y conformar la Asamblea Legislativa y para permitir su

reelección. También para migrar hacia un sistema semi

presidencialista. Estos cambios han sido recientemente

avalados por la Comisión de Notables nombrada por

la Presidenta Laura Chinchilla y promovido -el de

nombramiento de diputados de lista nacional y de distrito

legislativo- por doña Abril Gordienko. Sin embargo, no se

ha llevado a cabo una amplia discusión y análisis, el cual

por su importancia lo ameritan; en este sentido, vale aclarar

que para ponerlos en práctica no se requiere convocar a

una Constituyente; ya que, se les puede aprobar, si se desea,

mediante la vía de reformas parciales a la constitución.

Los temas de ineficiencia en la función pública para prestar

los servicios que la ciudadanía demanda y competen al

estado, no requieren ninguna reforma constitucional. La

mayor parte de ellos dependen del manejo que diariamente

se dé a las tareas administrativas del gobierno central y a

las instituciones autónomas; y de manera excepcional, se

pueden requerir algunos cambios en las leyes de control,

similares a los que a este respecto propuso la Comisión de

Notables nombrada en el gobierno 2010-2014. Esto último

no se resuelve mediante modificaciones constitucionales.

Otras actividades del gobierno que requieren ser eficientes

y hoy desdichadamente no lo son, son las referentes a la

construcción de infraestructura del gobierno central, y

en este campo poco podría hacerse mediante reformas a

la constitución política; además, tampoco se requieren

reformas constitucionales para mejorar la ejecución de las

tareas regulatorias del gobierno.

3. Los costos

Convocar a una Asamblea Constituyente implica un costo

sumamente elevado. No digo esto de manera alguna en

referencia al costo de pagar a los constituyentes, a sus

asesores y personal administrativo, así como a los gastos

de operación. Con esto quiero decir, que no hago referencia

al costo de oportunidad que implica elegir y mantener

operando una Asamblea del poder originario, a la par de la

marcha del gobierno ordinario. ¿Cuántas personas capaces

dejarán de atender las tareas de la ordinaria administración

que con tan poca eficiencia se ejecutan actualmente?

¿Cuánto más ineficientes se tornarán? ¿Cuál será el costo

de esa desatención? ¿Cuál será el precio que se deberá

pagar por dedicar los recursos humanos y el conocimiento