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La participación y la reflexión necesarias

sobre el Estado costarricense

En los últimos años, cada vez que la dirección superior del Poder Ejecutivo debe

justificar ante el ciudadano sus pocos resultados y su inoperancia, al no alcanzar las

metas propuestas, así como su impotencia o poca eficacia en las políticas públicas,

recurrentemente ha buscado el mismo justificante: la ingobernabilidad. En el fondo

puede que sí tengan algo de razón, mas no en la interpretación o el escenario en que

ubican e interpretan a la gobernabilidad.

A este respecto, las problemáticas más grandes que viene enfrentando el sistema

democrático costarricense en las últimas décadas –que ha ido perdiendo aprecio

ciudadano por los bajos resultados en la percepción de beneficios- se focalizan en

la pérdida de legitimidad política (gobernabilidad) y en la poca confianza por la

institucionalidad pública (gobernanza).

Sin duda alguna, las sociedades han cambiado, ya que se han hecho más sofisticadas

al dejar de ser masivas en su interacción y en sus objetivos: la costarricense no es la

excepción. Sin embargo, los gobernantes han pretendido seguir liderando con los

mismos parámetros y normas de antaño, ante una ciudadanía que cada vez siente más

desconfianza para con sus gobernantes, tanto porque los encuentra parcializados como

por su lejanía para reflexionar sobre lo que realmente es importante para la sociedad.

Para el caso particular de Costa Rica, con un reconocimiento internacional por el arraigo

de su institucional democrática, así como por los logros que esta le ha permitido alcanzar

en temas como el Índice de Desarrollo Humano y, paralelamente, el crecimiento de su

economía -que la ha llevado a ser considerada una nación de ingreso medio- es difícil

interpretar y aceptar la justificación de los gobernantes en cuanto a la definición que dan

de la ingobernabilidad del país. Si una nación con estas características es definida por

quienes la dirigen -con constancia- como ingobernable, ¿qué será de otras que están muy

lejos de alcanzar los niveles de legitimidad que históricamente ha disfrutado Costa Rica?

Así, por ejemplo, la sociedad costarricense ha vivido desde los años 40 del siglo pasado

un proceso evolutivo en cuanto a mayores niveles de educación. De este modo, una

amplia cantidad de ciudadanos ha tenido la oportunidad de ingresar a la educación

universitaria, pública o privada. Lo anterior, ciertamente, debería contribuir en beneficio

de una mayor facilidad para gobernar por quienes detentan el poder, lo cual sería la

aspiración y el gran objetivo de una sociedad más educada.

Claudio Alpízar Otoya, M.Sc.

Director

Revista DECISIONES

Notas del Director

Decisiones 5

Vol. 2, N

o

5, 2017